La Nación logró consensuar con todas las provincias a excepción de San Luis un nuevo rumbo fiscal. El objetivo es dinamizar la economía, fomentar las inversiones reduciendo impuestos que son distorsivos de la actividad económica como ingresos brutos y sellados.
El Gobierno Federal también solicitó a las provincias reducir la presión impositiva y frenar el crecimiento desmedido del gasto público, fundamentalmente relacionado a los cargos burocráticos.
“Esta reforma fiscal busca coordinar con todas las provincias un esfuerzo nacional. Pero el gobernador Alberto Rodríguez Saá por lo contrario busca aumentar los impuestos desde un 40 hasta 200 por ciento, en contramano del resto de las provincias y la Nación”, cuestionó Cacace.
Desde Cambiemos, sostienen que el “impuestazo” provincial también tiene un fin recaudatorio para recuperar el colchón financiero donde reposó la campaña oficialista a Adolfo Rodríguez Saá, que significó la reasignación de partidas millonaria del tesoro provincial.
Como denunciaron varios legisladores opositores el dinero provincial fue empleado en la campaña del Frente Unidad Justicialista para entregar dádivas, movilizar punteros, regalar electrodomésticos y subsidios a cambio de votos.
“Luego de haber destinado el dinero de los sanluiseños en actividades proselitistas, la provincia hace un tarifazo desmedido dándole la espalda al país y perjudicando a la comunidad con una mayor carga impositiva”, explicó el titular del bloque Cambiemos Juan Manuel Rigau.
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